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Preparan amparos contra ley que criminaliza el ejercicio periodístico


30 Junio 2020. Colima, col.

Periodistas califican la "Ley Ingrid" como atentado a la libertad de expresión.

La Quincuagésima novena legislatura aprobó la adición del artículo 240 bis al Código Penal para el Estado de Colima, mismo que fue publicado el 20 de junio en el periódico oficial y entró en vigor un día después.

De acuerdo a esta adición a la ley se castigará a quien difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie, oferte o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el hecho que la Ley señala como delito.

Juan Ramón Negrete Jiménez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, calificó este hecho como un atentado a la libertad de expresión y dijo que esta Ley mordaza imposibilita y deja en indefensión el ejercicio periodístico.

Acudió a la Comisión Estatal de Derechos humanos a presentar una queja y solicitar que se inicie un recurso de inconstitucionalidad.

Infringir esta disposición del artículo 240 bis equivale a una pena que va de tres a seis años de prisión, y una multa de 50 a 100 UMA?s.

Si se trata de imágenes o videos de cadáveres la pena sube de 4 a 7 años de prisión, y la penalidad es más severa tratándose de material donde aparezcan mujeres, niñas o adolescentes.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos recibió el documento de queja, y mencionó que esta adición al Código Penal criminaliza el ejercicio periodístico.

Dijo que la comisión ya analiza presentar ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad.

El presidente de la FAPERMEX a nivel nacional, Juan Ramón Negrete, solicitó el apoyo del Colegio de Abogados Penalistas para presentar a la mayor brevedad recursos de amparo a favor de los periodistas y comunicadores que resultan afectados con esta ley.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado presentar el recurso de inconstitucionalidad en un plazo no mayor de 30 días.

Se suman a esta inconformidad el Club de Reporteros de Colima, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y la Comisión para la Protección del Ejercicio Periodístico.

Ley

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